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La muerte violenta tiene un impacto diferencial por género. Años atrás, el feminicidio convocó al análisis académico de las estructuras de la violencia en esta localidad. Rosa-Linda Fregoso habló de un orden necropolítico que impera en el estado de Chihuahua. En este orden, había ya una concordancia y encuentro de “fuerzas y procesos plurales que incluían la militarización, la desnacionalización, el neoliberalismo y la ingobernabilidad” (Fregoso 2006: 109). Rita Laura Segato habló del feminicidio juarense como parte de un pacto que celebran entre pares “los miembros de la fratría mafiosa”, los cuales son las piezas clave del “segundo Estado” (Segato 2004: 9). Salvador Cruz refiere que, en este conflicto bélico, las autoridades han reportado que más de 90% de los hombres víctimas de violencia, eran, en su gran mayoría, jóvenes de estratos socioeconómicos bajos y condiciones de alta marginalidad, según reportes periodísticos. Al parecer, la información no es muy diferente en relación con quienes fungen como victimarios (Cruz 2011). Es evidente que ni mujeres ni hombres reciben justicia; la impunidad oxycodone hydrochloride nivel nacional para el homicidio es de 84% (México Evalúa 2012). En este sentido, se puede afirmar que hay igualdad de indiferencia frente a la injusticia para hombres y mujeres en una nación marginada, segregada, arrinconada y diferenciada por la violencia extrema. Melissa Wright destaca la importancia de llamar a esta matanza discriminada de mujeres y hombres jóvenes feminicidio y juvenicidio. Estos términos ponen el acento en la impunidad que atraviesa todas las violencias a lo largo y ancho del país, no así el homicidio. En este sentido, hablar sobre el tiradero nacional de muertos nos ayuda a resignificar y resimbolizar las necropolíticas que asumen los líderes políticos en contra de sus poblaciones. Estos juvenicidios y feminicidios, siguiendo la línea de Alejandro Cussiánovich (2005), son el resultado, entre otros, de sociedades desiguales a inheritance of acquired characteristics nivel institucional y jurídico, negadoras de todo pacto social moderno que garantice la igualdad de derechos de toda su comunidad. Ellos, los asesinados y las asesinadas, son seres humanos sin protección, seres humanos para el despojo de la vida, para el blanco de las balas, de la tortura, así como objeto de escarnio y ridiculización. Una vida desprovista de tales condiciones —del respeto a los derechos humanos sociales, políticos, culturales y económicos de las niñas y los niños, de los hombres y las mujeres— no será digna, como dice Judith Butler, de ser vivida, ni su muerte digna de ser llorada. Será una vida precaria, vulnerable, indigna, efímera, desechable y prescindible. Estas condiciones —el respeto a los derechos de los y las humanas— se asientan en instituciones sociales, políticas y económicas que aborden las necesidades de las poblaciones y las relaciones sociales que de ellas se desprendan para que no mueran a destiempo (Butler 2010).
Las relaciones sociales de la crisis y la violencia en los cadáveres de la victoria Pierre Salama asevera que la violencia en la mayoría de los países latinoamericanos se manifiesta con mayor intensidad y severidad. Y, aunque es muy difícil medir los varios grados de la misma, el homicidio es un indicador confiable. También explica que en cada país la violencia tiene una distribución espacial. Esta distribución es resultado de un Estado que se encuentra fuera de acción debido a la crisis de la década de los 80 y a las coacciones neoliberales de los 90. Bajo estas restricciones económicas, los Estados privilegiaron el mercado y redujeron sus roles en las funciones sociales, dejando a un lado el gasto en infraestructura urbana, escuelas y cuidado de la salud, entre otras cosas. En este escenario, “el Estado controla cada vez menos la nación, el territorio se torna entonces poroso” (Salama 2008: 4).