Adicionalmente el secretario de turismo de la regi

Adicionalmente, el secretario de turismo de la región señaló que otorgar permiso para una reunión pública les daría a homosexuales legitimidad para ir en contra de “las buenas costumbres” (valores familiares) y las normas morales de la sociedad mexicana (Opuestos los alcaldes a la Reunión de Homosexuales, 1991). En marzo de 1991, la junta consultiva de la presidencia municipal, que incluía a un representante de la agrupación por el Mejoramiento de la Moral, declaró públicamente su oposición a la realización de la conferencia aduciendo que dicha reunión era un ataque a las costumbres mexicanas. Nualart afirma que, cuando el GOHL y Patlatonalli comenzaron a buscar espacios para realizar la conferencia, tanto Orozco Ramírez como Covarrubias Ibarra organizaron una campaña de homofobia en que presionaban a los negocios locales para no apoyar a los organizadores: GOHL y Patlatonalli respondieron al grafiti con sus propias frases combativas: “la ciudad es de todos” y “Fuera nazis” (Patlatonalli y GOHL, 1991b). Además, condenaron públicamente al gobierno en un desplegado traducido al inglés y distribuido internacionalmente: Al tiempo que buscaron la solidaridad internacional, los organizadores evocaron el discurso sobre la modernidad —retomado de las intervenciones públicas del presidente Salinas—, donde reclamaban, en su solicitud al gobierno local, la protección de los derechos humanos como símbolo de un estado “moderno” y democrático (Patlatonalli y GOHL, 1991a). Por ejemplo, en un comunicado de prensa distribuido internacionalmente en enero de 1991, las agrupaciones expresaron sus anhelos por el reconocimiento del gobierno mexicano a sus derechos como ciudadanos: “los debates en la nación sobre Modernidad, Derechos Humanos, y Participación Cívica, nos alientan a confiar en que las lesbianas y los homosexuales por fin seremos tratados como ciudadanos”. Las declaraciones de GOHL formaban parte del paquete informativo que fue enviado a los potenciales participantes latinoamericanos y fueron presentadas ante la prensa local; inclusive se utilizó la mercadotecnia de la globalización neoliberal para perfilar a la conferencia de la ILGA. En un artículo que circuló por Reuters News, Jorge Romero, uno de los líderes de GOHL declaró: “Los gobernantes de América Latina se están dando cuenta de que no pueden establecer negociaciones comerciales con países del KY 02111 cost Mundo, en donde los homosexuales han logrado ser vistos sin desprecio, y al mismo tiempo perseguirnos a nosotros” (Una democracia que también llega para los homosexuales, 1991). De acuerdo con esta lógica, para promover el respeto por México en la esfera de la política internacional, lograr una mejor inserción dentro de la economía global y asegurar que el TLC fuera aprobado, el gobierno mexicano debía apoyar los derechos de la comunidad lésbico-gay. Algunas integrantes de Patlatonalli y la CNLF colaboraron con agrupaciones prosindicales y antiimperialistas, aunque estaban en franco desacuerdo con la agenda neoliberal. En sus esfuerzos por contener el embate contra la conferencia de la ILGA, utilizaron el discurso de la violación de los Derechos Humanos y las concepciones modernas neoliberales. Por ejemplo, un poco más tarde, Patlatonalli y GOHL enviaron una carta a Ideogram la CNDH para solicitar su intervención, denunciando las violaciones del gobierno local a sus derechos humanos fundamentales en concordancia con la Constitución Mexicana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, además de otros tratados internacionales firmados por México (Patlatonalli y GOHL, 1991c). Mientras tanto, la ILGA solicitó la intervención de las Naciones Unidas al tiempo que solicitaba la afiliación a la misma. En junio de 1991, la popular revista gay estadounidense The Advocate publicó un extenso artículo documentando la historia de la lucha lésbico-gay en la Ciudad de México y en Guadalajara. El artículo, escrito antes de la cancelación de la conferencia, contenía entrevistas a prominentes activistas mexicanos y a funcionarios del gobierno de la Ciudad de México. El texto documentó tanto historias de activismo en México como experiencias de represión policiaca y homofobia gubernamental, y presentó a México como un país políticamente inestable y antidemocrático, además de discutir ampliamente la inadecuada respuesta a la crisis del sida y la falta de recursos financieros dedicados al combate de la enfermedad (Lida, 1991). El lenguaje utilizado en el artículo hacía eco de los reclamos de Patlatonalli y GOHL de que la represión por parte del gobierno mexicano contra los derechos lésbico-gays contradecía su proclama de “modernidad”. De alguna forma, la presentación de lesbianas y gays mexicanos como víctimas de un estado represivo y retrógrado motivó la solidaridad desde Estados Unidos. En cuanto a la organización de la comunidad LGBT y feminista, algunos académicos argumentan que, dentro de esos contextos, las lesbianas y gays occidentales se permiten promoverse a sí mismos como “agentes especializados en el rescate de víctimas (no occidentales) de la violación de los Derechos Humanos” (Grewal, 2005, p. 153). Para el caso específico de la conferencia de la ILGA es importante considerar las motivaciones reales de la solidaridad internacional con las lesbianas y gays mexicanos. Si acaso la solidaridad internacional hubiera logrado presionar exitosamente al gobierno de Guadalajara para que permitiera la realización de la conferencia, ¿podría esto significar que los activistas de Estados Unidos “habían rescatado” a los mexicanos de un gobierno abusivo y podía acaso este “rescate” considerarse como una forma más de imperialismo cultural? Ciertamente, aquellas lesbianas y homosexuales mexicanos que se han opuesto a acercamientos basados en discursos sobre derechos podrían haberlo interpretado así. Aunque las acciones de aquellos activistas mexicanos que trabajaron junto con ILGA sugieren que la solidaridad internacional fue útil y probablemente necesaria en el apoyo al derecho a la manifestación pública y a la libertad de reunión de lesbianas y gays. Más que víctimas, los activistas mexicanos se vieron a sí mismos como participantes activos dentro de un movimiento transnacional que tardó años en consolidarse.