El r gimen de regulaci n

El régimen de regulación que se aprobó es hippo pathway la vez complicado y disperso, con dos órganos reguladores y con muy diversas disposiciones insertas en varias otras leyes, además de la relativa a los organismos reguladores, y a cargo de otras autoridades. Puede desembocar en un auténtico laberinto regulador, tanto desde el punto de vista del número de disposiciones como de la variedad de instituciones implicadas en el ejercicio de la acción reguladora. Es claro que esta dispersión, tanto funcional como institucional, disminuirá la eficacia de la regulación, al tiempo que podría facilitar, en muy diversos momentos, la captura de las entidades reguladoras en un sector que, por obra de la reforma misma, se abre a la participación de corporaciones cuya conducta habitual procura eludir las disposiciones regulatorias o influir en su contenido y alcance, en función de sus intereses corporativos. Es desmesurado el procedimiento de decidir las cuestiones ambientales de los hidrocarburos a través de una agencia ad hoc, prácticamente al margen de la legislación ambiental. Se fundamenta en nociones obsoletas de protección, que la legislación mexicana en la materia dejó atrás desde hace un cuarto de siglo al adoptar la actual Ley General del Equilibrio Ecológico, basada en esta noción más amplia y universal. Al crear una institución específica y medidas de alcance sectorial parece querer liberarse al rápido desarrollo de la exploración y extracción de cualquier “prejuicio ambiental”.
Miguel Ángel Rivera Ríos, analiza “El sector primario y el estancamiento económico en México”, caracteriza al desarrollo económico como proceso sujeto a una trayectoria histórica; repasa las aportaciones y limitaciones de la economía del desarrollo y hace una diferenciación del crecimiento económico moderno respecto del tardío y propone un marco teórico para unificar sus aspectos y así abundar sobre su aplicación para Brasil y México. Por otra parte, Aída García Lázaro e Ignacio Perrotini, en “Modus operandi del Nuevo Consenso Macroeconómico en Brasil, Chile y México”, revisan las experiencias de Brasil, Chile y México respecto de la política monetaria de objetivos de inflación del Nuevo Consenso Macroeconómico mediante modelos de cointegración y corrección de errores y la discusión de los principales hechos estilizados que contrastan con evidencia empírica. A su vez, Germán Alarco, mediante “Salarios reales, balanza de pagos y producto potencial en América Latina, 1980-2011” compara la relación entre los salarios reales y la balanza de pagos en América Latina para 1980-2011 y vincula las variables para ver de qué manera determinan la mejoría de las cuentas externas en la última década y mediante el modelo de Thirlwall, calcula el crecimiento del producto potencial regional sujeto a allergens restricción externa. Asimismo, Carlos Carrasco, estudia el “Origen de los desequilibrios macroeconómicos en la economía española” en un contexto de integración europea y analizan hipótesis respecto de sus causantes en la cuenta corriente, así como las divergencias en la competitividad de los estados miembros. Asimismo revisa la posición fiscal del gobierno español. En este mismo sentido, Marcos José de Souza, Elaine Fernandes y Lucas Vitor de Carvalho, en “Determinantes estructurales en la difusión de las patologías del agua en Brasil” analizan las variables representativas de la calidad de vida y ambiental de la población brasileña, centrándose en las enfermedades transmitidas por el agua y el saneamiento. Muestran que los incrementos en los niveles de saneamiento generan disminuciones de mayor magnitud del número de hospitalizaciones y sugieren que las inversiones en el área de la salud tienen repercusiones favorable en su prevención. Por su parte, Aleida Azamar y José Ignacio Ponce, en “Extractivismo y desarrollo: los recursos minerales en México” muestran cómo en el presente siglo se ha fortalecido la extracción desmedida de minerales por medio de empresas orientadas a la exportación y las políticas económicas instauradas en México van en detrimento de los recursos naturales, y con ello debilitan el desarrollo socioeconómico del país. Por último, Roberto Diego Quintana, analiza a los “Actores sociales rurales y la nación mexicana frente a los megaproyectos mineros” y advierte que el proceso de acumulación por desposesión de las tierras de los campesinos e indígenas son usufructuadas por corporaciones trasnacionales que llevan a cabo actividades de minería a cielo abierto y proponen estrategias para defender los recursos y el territorio ante tal procesos de despojo.